Esta fue la conclusión de una investigación realizada por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), una organización bipartidista enfocada en el estudio de temas migratorios. La nueva regla vincula el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.