Un panel de tres jueces de la corte del noveno circuito decidió que los menores que entren al país sin documentos con alguno de sus padres no tienen derecho a un abogado pagado por el gobierno. "Obligar a un abogado a designado por un tribunal de forma gratuita podría tensar aún más un sistema de inmigración ya saturado", dijo la juez Consuelo M. Callaham.