Benjamín Prado, de la organización la Unión del Barrio, aplaudió el fallo de la juez federal del Distrito Sur en San Diego, Janis Sammartino, que confirmó en gran medida la legalidad de la ley AB32. La decisión judicial significa una gran derrota legal para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el operador de cárceles privadas GEO.
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