Protestas, conferencias, caravanas y visitas a oficinas de congresistas se llevaron a cabo en California desde horas de la mañana para que continúe vigente la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados. En junio, diez fiscales generales y un gobernador urgieron al gobierno de Donald Trump a acabar con el programa y dieron un plazo hasta el 5 de septiembre antes de acudir a las cortes.