Decenas de manifestantes marcharon por las calles de Tucson exigiendo que el alguacil del condado de Pima los retire de las prisiones. La presencia de los agentes en las cárceles se debe a un acuerdo entre las agencias locales del orden público e inmigración, el cual otorga fondos federales. Esta práctica retiene indocumentados en las cárceles hasta que son entregados a ICE.