Mike Feuer, fiscal de Los Ángeles, presentó un proyecto de ley ante el concejo de la ciudad con el que busca que los llamados Centros de Crisis de Embarazo, que anuncian tener servicios de aborto y en realidad no hacen los procedimientos tratando de disuadir a las pacientes para continuar con el embarazo, enfrenten multas de hasta $10,000. La propuesta aún no ha sido aprobada.