La Suprema Corte de Justicia de México aprobó esta ley argumentado que será un apoyo en labores de prevención del crimen para las agencias policiales del país. Sin embargo, la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez advierte sobre la necesidad de establecer protocolos claros para la realización de estas detenciones de civiles, señalando que los militares no tienen la preparación para cumplir estas funciones, entre otras razones.
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