Luego de hallar un vacío en una ley de inmigración, varios expertos en leyes constitucionales concluyeron que los gobiernos estatales no tienen ningún impedimento legal que les prohíba contratar a trabajadores indocumentados. Ante esto, varios activistas y alumnos indocumentados pidieron a autoridades de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) contratar a estudiantes sin residencia legal para dar clases y laborar como investigadores dentro de la misma institución.
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