Hasta este martes se han presentado dos demandas contra altos funcionarios de la gobernación, luego de que sacaran a más de 50,000 electores del registro estatal, aduciendo que se habían inscrito ilegalmente y o tienen derecho a votar. Los demandantes aducen que la medida equivale a exigir a los ciudadanos naturalizados requisitos adicionales para registrarse, lo que contraviene la Constitución.