Por medio de un comunicado, Letitia James, fiscal general de Nueva York, aseveró que la evidencia que fue presentada en la querella demuestra que las compañías acusadas contaban con un plan para estafar a los consumidores y “llenar sus bolsillos”. La investigación revela, además, que los ejecutivos de las empresas se reunían en diferentes espacios y se comunicaban por medio de correos electrónicos para coordinar el injustificado aumento en los precios de los fármacos.