Gracias a la negociación entre los abogados de los involucrados y el Departamento de Justicia de EEUU, las más de 5,000 familias indocumentadas afectadas por la separación en la frontera podrían recibir una indemnización de hasta 450,000 dólares. Sin embargo, la opción ha generado polémica entre distintos representantes políticos, ya que consideran que esto podría motivar a que se intensifique la inmigración ilegal.
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