La querella alega que cada año más de medio millón de armas de fuego entran ilegalmente desde Estados Unidos y muchas de ellas están involucradas en los más de 35,000 asesinatos anuales que se registran en México. Ante esto, las compañías fabricantes han pedido a la corte que desestime la demanda, argumentando que la ley estadounidense les da inmunidad.
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