La decisión obliga a la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a revertir las restricciones impuestas al programa conocido como ‘estatus de inmigrante especial’, que beneficia miles de jóvenes indocumentados. El gobierno argumentó que la iniciativa era susceptible de abuso y podría permitir el ingreso de criminales a Estados Unidos.