Según la decisión de la jueza Patti Saris, no es el detenido sino el gobierno el que debe demostrar que una persona sin historial delictivo ni faltas menores sería un peligro para la comunidad. Además, exige de las cortes de inmigración considere los recursos del detenido para definir el monto de la fianza. La administración del país informó que apelará esta iniciativa.