El magistrado dictaminó que el Departamento de Justicia violó la Constitución al exigirle a las ciudades que permitiera la entrada de ICE en las cárceles a cambio de los fondos. La administración Trump impuso los requisitos argumentando que las ciudades santuario presentaban un peligro para la seguridad pública. El fallo será aplicado a nivel nacional y las ciudades no se verán obligadas a ayudar en la aplicación de la ley migratoria.