De acuerdo con un comunicado, la agencia federal identificó a 600 detenidos que fuesen personas mayores de 60 años o mujeres embarazadas y de ese grupo escogió a unos 160 individuos para liberarlos debido a la amenaza del covid-19. Sin embargo, activistas creen que este beneficio debería extenderse a indocumentados que no sean considerados como peligrosos.