Un jurado declaró al condado de Suffolk, en Nueva York, responsable de violar los derechos de 674 inmigrantes, que fueron detenidos ilegalmente por petición de autoridades federales. Los inmigrantes presentaron una demanda en 2017, argumentando que la Oficina del Aguacil los mantuvo retenidos en la cárcel, incluso después de pagar sus fianzas, con el objetivo de que agentes migratorios los arrestaran.
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