Se trata de aproximadamente 2,000 cuentas que se habrían usado para delitos que van desde corrupción, extorsión y hasta robo de combustible, las cuales pasarán al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. La administración de Andrés Manuel López Obrador insiste en que su combate al crimen organizado será sin el uso de la fuerza letal, pese a que el país sigue sumergido en una ola delictiva y violenta.