Según cifras oficiales del gobierno salvadoreño, de 61,300 personas arrestadas bajo el llamado ‘régimen de excepción’ unas 3,313 fueron liberadas porque no se les encontró relación alguna con actividades criminales. Activistas acudieron a organismos internacionales para denunciar esta medida decretada por el presidente Nayib Bukele al considerar que representa una “flagrante violación a los derechos humanos”.
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