Al menos 235,000 madres se verían beneficiadas por esta nueva política que les permitirá acceder a exámenes pélvicos, vacunas y otros controles médicos con los cuales podrán vigilar su estado de salud durante un año después del parto. “Toda mujer embarazada está en mayor riesgo que la población general de terminar en una unidad de cuidado intensivo”, dice el doctor Alberto Domínguez-Bali, quien celebró esta decisión que ya entró en vigor en 15 estados del país.
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