La Corte Suprema argumentó que ese estado prohíbe la presencia de capellanes en la cámara de ejecución y que eso viola los derechos religiosos de los condenados a muerte. Rubén Gutiérrez fue sentenciado por el asesinato de una mujer en 1998, cuyos familiares ahora cuestionan el fallo y aseguran que la corte se equivocó al intervenir.