La presunta red que al parecer espió a políticos, empresarios, jueces y legisladores fue descubierta por el gobierno mexicano y operaba desde un centro de inteligencia privado en una exclusiva zona al oeste de Ciudad de México. La noticia se dio a conocer por una denuncia anónima a la que tuvo acceso el periódico Reforma y la cual indica que los responsables eran Alberto Bazbaz, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y Alfredo Castillo, excomisionado federal para Michoacán.