El nuevo protocolo entró en vigencia este lunes 24 de febrero y limita las opciones para conseguir visa para entrar a EEUU y también afectará a quienes pidan la residencia permanente. Las personas que hayan usado fondos públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses serán las más perjudicadas. "Lamentablemente (la medida) está teniendo el efecto que la administración Trump quería, que es espantar a nuestra comunidad", aseguró el abogado de inmigración Ángel Rodríguez.