La exmandataria es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que favorecía al empresario Lázaro Báez al asignarle contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Decenas de simpatizantes se reunieron a las afueras de la corte para demostrarle su respaldo y recalcar lo que dicen los abogados defensores, que la causa está llena de irregularidades e investigaciones incompletas que terminarán con la anulación del juicio.