Según las denuncias de activistas, ICE estaría pagando hasta 22 millones de dólares para obtener información de los indocumentados en diferentes ciudades a través de compañías que almacenan datos, como LexisNexis y Thomson Reuters. Estos datos habrían sido utilizados en caso de deportación, por lo que ahora exigen que se suspendan los contratos con las empresas. Más noticias en Univision