Usar la droga incautada para producir concreto y convertirla en material de construcción evita que las autoridades tengan que quemar las sustancias. Tras la incautación comienza el reto para deshacerse de estos elementos debido a la cantidad de tiempo que lleva la incineración y a la posibilidad de que pueda caer en otras manos. El proceso tiene el apoyo de entidades internacionales.
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