Aunque siete de los 11 ministros afirmaron que la ley viola el régimen de libre competencia y la transición hacia las energías limpias, la Corte Suprema de Justicia avaló esta ley que priorizaría la compra de electricidad a las plantas que son propiedad de México sobre las privadas. Se estima que esta decisión podría traer impugnaciones por parte de las empresas privadas y que el costo de las indemnizaciones por contratos ya firmados podría alcanzar los 85,000 millones de dólares. Más noticias aquí.