Con una decisión de cinco a cuatro, el alto tribunal dictaminó que Illinois también debe cumplir con la norma a partir del 24 de febrero, dando así fin a la demanda que el estado había interpuesto. La nueva regla vincula el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.