La política adoptada por la Junta de Supervisores convierte edificios, bibliotecas, centros de salud y oficinas de servicios sociales del condado en lugares de protección, sin incluir las zonas públicas. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben mostrar una orden judicial cuando requieran acceder a estas áreas. El personal que trabaja con la organización recibirá entrenamiento para aprender a identificar las solicitudes de ingreso.