La regulación, además de limitar a las mujeres al cuidado de salud y métodos anticonceptivos, prohíbe que los médicos den información sobre la interrupción voluntaria del embarazo o aconsejen a las pacientes sobre dónde acudir. Según expertos, estas restricciones provocarían que las interesadas busquen lugares clandestinos para realizar el procedimiento y pongan en riesgo sus vidas.