La orden fue emitida por el fiscal general, William Barr, y entraría en vigor en 90 días. De acuerdo a abogados, si un inmigrante argumenta que su vida corre peligro en su país de origen, aún demostrando que su miedo es razonable, tendrá que esperar la resolución de su caso en un centro de detención. Los expertos dicen que lo más probable es que la medida sea demandada en los tribunales de justicia.