La nueva regla, que entra en vigor el 24 de febrero, otorga al gobierno la facultad de negar la residencia a quienes han usado beneficios públicos, pero los agentes de inmigración también podrán, a discreción, negar la entrada al país a quienes consideren que podrían usar alguna de las ayudas. La decisión será inapelable y, según el gobierno, busca que los turistas sean autosuficientes.