Los acusados también enfrentan cargos por lesiones y daño a la propiedad, por el colapso que ocurrió el pasado mes de mayo y que dejó 26 muertos. Sin embargo, no hay órdenes de aprehensión contra estas personas. Familiares de las víctimas denuncian que no han recibido apoyo y los abogados siguen exigiendo justicia, asegurando que muchos de los afectados están desempleados y han tenido que pagar sus tratamientos.
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