De acuerdo con los representantes legales de estas familias que durante la administración de Donald Trump fueron separadas en la frontera de Estados Unidos, el Departamento de Justicia les informó que no continuarán con la negociación sobre un acuerdo monetario que les otorgaría 450,000 dólares a cada persona por su sufrimiento y el abuso físico al que denuncian haber sido sometidos.
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