El sistema judicial de Venezuela vulnera el
debido proceso al imputar nuevos delitos a detenidos que ya cumplieron su condena original. Ignell Marín reporta que su hermano, el teniente coronel Marín Chaparro, enfrenta una nueva causa en un centro de máxima seguridad a pesar de terminar su sentencia en 2025.
Esta estrategia mantiene a los
presos políticos en un
"punto ciego institucional" donde la ley no entra y
las autoridades ignoran las pruebas de inocencia presentadas por la defensa.
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