Organizaciones civiles interponen
una demanda contra la actual administración por cancelar
las renovaciones automáticas de los documentos de trabajo. Los demandantes califican la
medida de arbitraria y aseguran que
viola los procesos legales establecidos, dejando a miles de inmigrantes en riesgo de perder sus empleos. Mientras
el litigio avanza en las cortes, abogados recomiendan a los empleados comunicarse con sus empresas para evitar despidos inmediatos.