El vicepresidente J. D. Vance endureció la postura federal contra el mal uso de fondos públicos para Medicaid, mediante el recorte de presupuesto a estados como California y Minnesota. La administración exige auditorías estrictas para evitar irregularidades en el sistema de salud subsidiado. El gobierno federal ya suspendió pagos a diversas agencias de cuidados paliativos bajo investigación, una acción que, según expertos, podría afectar el acceso a la salud de millones de ciudadanos vulnerables.

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