El gobierno federal implementa
restricciones internas que afectan la velocidad de los trámites ante el servicio de
inmigración. Bajo el argumento de seguridad nacional, la
actual política migratoria prioriza
revisiones exhaustivas sobre la celeridad de los casos. Esta estrategia administrativa genera una
acumulación de expedientes y provoca acciones legales por parte de grupos que prestan servicios a inmigrantes, quienes
denuncian una pausa de facto en el sistema.