El Departamento de Justicia reconoció el uso de argumentos equivocados para justificar detenciones de ICE de inmigrantes, un pilar de la política migratoria de 2025. Al mismo tiempo, una corte federal de apelaciones respaldó la permanencia de indocumentados en prisión sin derecho a fianza durante sus procesos de expulsión. Estos fallos contradictorios generan un intenso debate sobre la constitucionalidad de las medidas y abren la puerta a posibles impugnaciones legales.