El Gobierno de México enfrenta una denuncia formal por presuntas violaciones a la Ley de Transferencia de Ciudadanos. Abogados y familiares cuestionan el traslado de prisioneros a EE. UU. (37 en el último envío) sin las órdenes de extradición requeridas. El Ejecutivo justifica estas acciones bajo la Ley General de Seguridad Nacional, argumentando que los reos son una amenaza para el país. Aunque se pactó excluir la pena de muerte, la legalidad de estas entregas masivas está bajo escrutinio.