Autorizar a los agentes de ICE a entrar a la fuerza a los hogares, de ser necesario, es algo que expertos califican como una forma de violar la ley para obligar a otro a que la cumpla. Esta medida no requiere una orden judicial, solo se basa en un mandato administrativo. Ante ello se puede ver como algo que viola las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.