La ley AB-32 establece que a partir del 1 de enero de 2020, las autoridades migratorias no podrán contratar a empresas privadas en California para servicios de retención de inmigrantes. Sin embargo, el gobierno federal responde asignándole casi 7,000 millones de dólares a compañías para que expandan centros de detención de personas indocumentadas.