La medida se realizará para cumplir la orden ejecutiva de Trump con el objetivo de trabajar en los casos de gestantes con expediente criminal. Sin embargo, Natalie Montelongo, estratega de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, asegura que el sistema no está adecuado para asistir a mujeres embarazadas bajo estas circunstancias, en especial si llegan a presentar alguna emergencia.