Lo anterior pondría fin al Acuerdo Judicial Flores, que obliga a autoridades fronterizas a liberar a los niños en un tiempo máximo de 20 días, y al Acta de protección de víctimas por tráfico y violencia que prohíbe la deportación inmediata de menores de países no fronterizos y exige que un juez decida su futuro en EEUU.