Nueva regulación permitirá a gobierno de Trump negar asilo a quienes considere como un riesgo para la salud pública

El gobierno de Donald Trump podrá negar el acceso al asilo a migrantes a quienes considere que representan un riesgo para la salud pública, según una regulación que entró en vigor este miércoles, 31 de diciembre.

La nueva norma, publicada en el registro federal, permite a las autoridades denegar el asilo por "emergencias de salud pública generadas por una enfermedad contagiosa".

En la práctica, supondrá un mecanismo adicional para que el gobierno pueda negar el asilo a los migrantes que lo soliciten en la frontera entre Estados Unidos y México.

La regulación se basa en las medidas de salud pública utilizadas durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 en 2020, cuando en el primer mandato de Trump se invocó el Título 42 para expulsar de manera acelerada a los migrantes alegando la necesidad de limitar la transmisión del coronavirus.

Bajo la nueva medida, el gobierno podría designar de manera conjunta países o regiones que experimenten brotes de enfermedades transmisibles consideradas un riesgo para la salud pública en Estados Unidos y aplicarlo a la hora de decidir sobre el asilo de migrantes originarios de aquellas zonas y suspender sus solicitudes.

Hace unas semanas, el gobierno de Trump ya puso en pausa las solicitudes de green cards y de ciudadanía estadounidense para miles de inmigrantes de 19 países sobre las que anteriormente pesaba una prohibición de viaje.

La norma, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia), también aclara los procedimientos para las evaluaciones del denominado “temor creíble”, que es la evaluación inicial que determina si un solicitante de asilo puede presentar una solicitud completa.

Críticas de defensores de migrantes a la nueva regulación

Defensores de inmigrantes criticaron el uso de emergencias sanitarias para denegar el acceso al asilo.

"Considerando la gran discreción que la regulación otorga al gobierno y la hiperfijación del presidente en la aplicación de las leyes migratorias, podemos esperar que esta nueva autoridad se use excesivamente y se abuse de ella", le dijo a la agencia Reuters la directora de política social del grupo de centroizquierda Third Way, Sarah Pierce.

"Esto subraya el enfoque del gobierno en la seguridad nacional al permitir la denegación de asilo a personas que representan riesgos para la seguridad, la delincuencia, el terrorismo o la salud pública graves", dijo por su parte el abogado de inmigración Gnanamookan Senthurjothi, en declaraciones a Newsweek.

La regulación fue emitida originalmente en diciembre de 2020, cuando Trump estaba en la Casa Blanca, pero su implementación se retrasó en múltiples ocasiones.

El gobierno de Joe Biden pospuso después su entrada en vigor en hasta cinco ocasiones, pero no llegó a revocarla durante su mandato.

La medida actual retira ciertas modificaciones técnicas de aquella norma de 2020, pero mantiene intactas sus principales disposiciones relacionadas con la salud pública.

Posteriormente, el gobierno de Biden mantuvo vigente el Título 42 hasta 2023.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dijeron entonces que unos 2.2 millones de extranjeros se vieron afectados por la medida durante esos años y que, en muchos casos, la expulsión expedita los condujo a situaciones de mayor peligro cuando tenían una razón válida para pedir asilo.

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