Una corte de apelaciones frenó la
política de detención obligatoria sin fianza, permitiendo que
ciertos inmigrantes continúen sus procesos en libertad. Sin embargo, el
Servicio de Inmigración anunció nuevos
chequeos de seguridad que
mantienen en pausa millones de solicitudes para detectar posibles fraudes. Expertos advierten que estas medidas
ralentizan los trámites de asilo y residencia, mientras el gobierno acelera la deportación de menores no acompañados hacia terceros países.