Organizaciones civiles y dueños de flotas alistan demandas para frenar la restricción que impide a los inmigrantes obtener o renovar licencias comerciales. Los críticos aseguran que la medida carece de relación con la seguridad vial y solo agrava la escasez de choferes en la nación. Mientras los tribunales evalúan los retos legales, miles de familias enfrentan un futuro incierto y algunas empresas de carga pierden ya al 10% de su base de empleados por estas cancelaciones.