TAMPA, Florida.- Inmigrantes arrestados en Florida están pasando meses, e incluso años, bajo custodia federal sin una resolución judicial clara, tras ser trasladados a centros de detención en otros estados.
Detenciones migratorias en Florida se alargan meses pese a ofertas de salida voluntaria
Florida se ha convertido en un punto clave de arresto migratorio que deriva en traslados a centros federales fuera del estado. Datos oficiales muestran un aumento récord de detenciones prolongadas, mientras migrantes denuncian condiciones precarias y retrasos en sus procesos.
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Felipe Hernández Espinosa, solicitante de asilo nicaragüense de 34 años, fue detenido en julio en el sur de Florida durante un descanso laboral, donde trabajaba instalando generadores eléctricos. Pasó 45 días en un centro de detención del estado conocido entre los detenidos como “el Alcatraz de los caimanes”, donde se reportaron gusanos en la comida, sanitarios inservibles y alcantarillado desbordado.
Posteriormente fue trasladado a un campamento para migrantes en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, donde ha permanecido los últimos cinco meses. En ese centro, dos migrantes murieron en enero, según organizaciones de derechos humanos. Tras casi siete meses detenido, su audiencia ante un juez de inmigración fue programada para el 26 de febrero.
Hernández asegura haber solicitado en varias ocasiones ser devuelto a Nicaragua o a México, pero le informaron que no puede ser liberado hasta comparecer ante un juez.
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Florida, punto de arresto y traslados fuera del estado
Las detenciones prolongadas se han vuelto más frecuentes tras la implementación de una política federal que, en términos generales, restringe que jueces de inmigración otorguen libertad a los detenidos mientras sus casos avanzan en tribunales congestionados. Abogados señalan que Florida se ha convertido en un punto de detención inicial desde donde muchos migrantes son enviados a centros federales en Texas, Nuevo México u otros estados, dificultando el acceso a asesoría legal y el contacto con sus familias.
De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el número de personas bajo custodia superó las 70,000 por primera vez. A mediados de enero, 7,252 personas llevaban al menos seis meses detenidas, incluidas 79 que han permanecido bajo custodia por más de dos años. La cifra es más del doble de las 2,849 personas detenidas seis meses o más en diciembre de 2024, al cierre del gobierno de Joe Biden.
Aunque la Corte Suprema determinó en 2001 que el gobierno no puede detener inmigrantes indefinidamente y consideró seis meses como un límite razonable, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que sus políticas cumplen la ley y citó fallos judiciales que permiten la detención sin derecho a fianza.
El gobierno federal también ofrece boletos de avión y $2,600 a quienes acepten salir del país voluntariamente. Sin embargo, abogados aseguran que muchos detenidos continúan bajo custodia aun después de firmar documentos aceptando su deportación.
Impacto humano en familias y comunidades
Abogados de inmigración reportan que ya no se trata de casos aislados. Ana Alicia Huerta, abogada sénior de California Collaborative for Immigrant Justice, indicó que varios detenidos le han expresado no entender por qué siguen encarcelados cuando están dispuestos a abandonar el país.
Entre los casos documentados se encuentra el de Yashael Almonte Mejía, un dominicano de 29 años detenido durante ocho meses tras solicitar asilo. Fue trasladado entre centros en Florida, Texas y Nuevo México. Durante su detención se casó por videollamada con su pareja estadounidense embarazada y se convirtió en padre sin poder conocer a su hija ni asistir al funeral de su hermana.
También se han registrado casos de migrantes que obtuvieron protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y aun así permanecieron detenidos durante meses. Un mexicano de 38 años estuvo encarcelado durante un año pese a haber ganado esa protección y solo fue liberado tras una demanda en un tribunal federal.
El DHS declinó comentar sobre casos individuales, pero reiteró que las detenciones responden al debido proceso y a la aplicación de la ley migratoria vigente.
Mientras tanto, Hernández continúa detenido fuera de Florida a la espera de su audiencia. Su expediente indica que su caso sigue pendiente.
