WASHINGTON, D.C.- Mientras el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) se ha convertido en el principal comprador de grandes almacenes en el DMV (Distrito de Columbia, Maryland y Virginia), los líderes locales refuerzan medidas para evitar que se construyan nuevos centros de detención de ICE.
El DMV frena nuevos centros de detención de ICE mientras el DHS compra más almacenes
Los gobernadores de Maryland y Virginia firmaron leyes que limitan la cooperación local con la agencia migratoria, además de impedir la instalación de nuevos centros de detención, aunque el gobierno federal ha hecho millonarias compras.
DHS compra almacenes para hacer nuevos centros de detención ICE.
Imagen Charlie Riedel/AP.
Las protestas por la expansión de las instalaciones del ICE para detener inmigrantes no se hicieron esperar tras darse a conocer que varios almacenes fueron comprados por el gobierno federal. Vecinos, estudiantes y otras personas se movilizaron contra los futuros centros de detención.
Fue a finales de enero de 2026 cuando el DHS puso fin a los rumores y confirmó que había adquirido varios almacenes en distintas ciudades del país para convertirlos en centros de detención ICE.
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Los avances de Maryland contra ICE
El gobernador de Maryland, Wes Moore, firmó el viernes 6 de febrero de 2026 una legislación de emergencia que prohíbe el uso de edificios privados como centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de crecientes tensiones entre gobiernos estatales y la administración federal por las operaciones migratorias.
La medida busca bloquear proyectos impulsados o financiados por el DHS para convertir almacenes industriales en centros de detención migratoria, una estrategia que ha generado protestas comunitarias en Maryland, Virginia y otros estados.
“En un momento en que ICE opera sin rendir cuentas, separando familias y poniendo en peligro a los niños, el condado de Howard demuestra que estas instalaciones no nos hacen más seguros ni reflejan nuestros valores”, escribió Moore en su cuenta de X.
I have very serious concerns about the Department of Homeland Security’s plans to build an ICE detention center in Washington County.
— Governor Wes Moore (@GovWesMoore) February 6, 2026
These plans exemplify the myriad ways that the Trump Administration sacrifices federal-local collaboration and operates in ways that do not…
La ley ordena a las agencias estatales evaluar todas las acciones legales disponibles para proteger la infraestructura comunitaria, la seguridad pública y la estabilidad económica a largo plazo. El gobernador también confirmó que trabaja en coordinación con el fiscal general de Maryland para garantizar el cumplimiento de las leyes estatales y federales aplicables.
Además, el documento instruye a las autoridades a investigar las condiciones del centro de detención de Baltimore, ubicado en Hopkins Plaza, tras múltiples denuncias sobre su operación, según informó la reportera de N+ Univision DC, Jackeline Quijano.
Condado Howard, Maryland marca distancia con ICE
El ejecutivo del condado de Howard, Calvin Ball, reiteró que el gobierno local no participa en la aplicación de leyes federales de inmigración.
“Para que quede claro, el gobierno del condado de Howard, incluyendo el Departamento de Policía y la Oficina del Sheriff, no aplica las leyes federales de inmigración ni colaborará con actividades de control migratorio”, afirmó.
Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron la medida. Abel Núñez, director de CARECEN, dijo que la decisión brinda alivio a las comunidades.
“Eso le da tranquilidad a las personas de que si van a un edificio estatal o federal, no habrá agentes esperándolos afuera”, señaló a N+ Univision DC.
Virginia cancela acuerdos 287(g)
En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger ordenó la cancelación de todos los acuerdos 287(g), que permitían a policías estatales y funcionarios penitenciarios colaborar directamente con ICE en la aplicación de leyes migratorias federales.
Spanberger anuló así una política impulsada por su predecesor republicano, Glenn Youngkin. Según explicó, esos acuerdos obligaban a las agencias estatales a operar bajo la supervisión directa de ICE.
“Como gobernadora, creo que los funcionarios estatales deben trabajar bajo el liderazgo de sus propias agencias”, dijo en conferencia de prensa.
La mandataria aclaró que Virginia seguirá cooperando con autoridades federales cuando exista una orden judicial, pero subrayó que la aplicación civil de la ley migratoria es responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
Críticas republicanas y respaldo comunitario
Líderes republicanos en Virginia criticaron la decisión. El jefe de la minoría en la Cámara de Representantes estatal, Terry Kilgore, afirmó que la medida “debilita la seguridad pública”, según The Washington Post.
Spanberger rechazó esa acusación y sostuvo que la participación estatal en tareas migratorias genera miedo en las comunidades y reduce la disposición de las personas a reportar delitos.
Organizaciones comunitarias respaldaron su postura, asegurando que las políticas anteriores afectaron a víctimas de violencia doméstica y otros delitos.
Expansión federal y resistencia local en el DMV
Las decisiones en Maryland y Virginia se producen mientras el DHS impulsa una expansión nacional de centros de detención, financiada con más de 45,000 millones de dólares aprobados por el Congreso.
En los últimos meses, el gobierno federal ha comprado grandes almacenes industriales en Maryland, Pensilvania y Arizona para su posible uso como centros de ICE. En el condado de Washington, Maryland, una propiedad de más de 800,000 pies cuadrados fue adquirida por 102 millones de dólares, lo que desató protestas vecinales y la reacción de autoridades locales.
Aunque leyes como la “Dignity Not Detention Act” de Maryland prohíben que gobiernos locales contraten con ICE, no impiden que el gobierno federal compre propiedades directamente, un vacío legal que ha limitado la capacidad de los estados para frenar estos proyectos.
Tanto Moore como Spanberger coincidieron en que sus decisiones no buscan confrontación política, sino reafirmar la autoridad estatal.
“A veces se presenta como un pleito con el presidente Trump”, dijo Núñez. “La realidad es que el gobernador está ejerciendo los derechos del estado. El gobierno federal no puede imponer”.
Con estas acciones, Maryland y Virginia trazan una nueva línea en la relación con ICE: cooperación sólo bajo órdenes judiciales y rechazo al uso de instalaciones privadas como centros de detención migratoria.
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