En un duro revés a la política migratoria de la Casa Blanca, una jueza federal de Manhattan anuló la tarde de este viernes la prohibición de visados de residencia impuesta por la administración del presidente Donald Trump a ciudadanos de 75 países. La magistrada determinó que la medida era “contraria a la ley” y sobrepasaba la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
Una jueza federal anula la suspensión de visas impuesta por la administración Trump a ciudadanos de 75 países, incluidos varios de América Latina
Una jueza federal anuló este viernes la prohibición de visados impuesta por la administración Trump a inmigrantes de 75 países al determinar que era “contraria a la ley” y que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
Video ¿Pueden cancelar una visa de turismo o de trabajo por tener un DUI o por manejar sin licencia?: Abogado responde
La norma, dictada el pasado mes de enero, afectaba a casi el 40 % de las naciones del mundo —incluyendo a países latinoamericanos como Colombia, Brasil y Haití, además de Egipto, Somalia y Rusia—. El Departamento de Estado justificó la suspensión argumentando que buscaba evitar la llegada de inmigrantes que pudieran convertirse en una "carga pública" e ingresar al sistema de asistencia social de Estados Unidos.
Sin embargo, la jueza Jeannette Vargas, del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, cuestionó fuertemente este argumento y dejó sin efecto cualquier denegación de visa respaldada exclusivamente en dicha instrucción.
Evaluaciones arbitrarias por país de origen
Bajo la legislación estadounidense vigente, la decisión de rechazar a un solicitante por riesgo de ser una "carga pública" debe tomarse de forma individualizada. Un funcionario consular está obligado a analizar caso por caso factores como las finanzas, la edad, la salud, las habilidades laborales y el entorno familiar del solicitante.
No obstante, la jueza Vargas concluyó que la administración Trump aplicó una regla generalizada. Según la investigación, los diplomáticos tenían la orden explícita de rechazar las solicitudes basándose únicamente en el país de origen del aspirante, sin importar si este contaba con los recursos necesarios para mantenerse por sí mismo.
En el expediente del caso consta un cable enviado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a todas las sedes diplomáticas. En el documento, se instruía a los funcionarios consulares a denegar las visas incluso si los solicitantes presentaban pruebas contundentes de solvencia económica para superar la objeción.
“El resultado está predeterminado”, escribió la jueza Vargas en su fallo. “La visa será denegada”.
La magistrada subrayó que esta directiva violaba directamente una ley de 1965 que prohíbe de forma explícita la discriminación por nacionalidad en la emisión de visados, además de vulnerar la norma que impide al secretario de Estado interferir en el criterio independiente de los cónsules al evaluar casos individuales.
Impacto en familias y trabajadores
La política anulada congelaba la entrega de visados de residencia permanente (green card) para personas que buscaban reunificarse con sus familias en EEUU o que contaban con ofertas de empleo. Quedaron excluidos de esta prohibición los visados temporales de no inmigrante, como los de turista o estudiante.
Entre las demandas consolidadas en el caso figuraban:
- Familias separadas: Seis ciudadanos estadounidenses que no podían traer a sus familiares desde Guatemala, Ghana, Jamaica y Etiopía.
• Trabajadores calificados: Cinco ciudadanos colombianos con solicitudes de visas de empleo, de los cuales al menos uno ya había recibido una notificación formal de denegación citando la restricción de la administración.
Los 75 países incluidos en la lista negra gubernamental abarcaban regiones del Caribe, África subsahariana, los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático, e incluían a socios estratégicos de Washington como Egipto, Jordania y Georgia. La lista fue elaborada por el Consejo de Asesores Económicos tomando como criterio aquellos países donde más del 30 % de los hogares de inmigrantes recibían algún tipo de ayuda estatal.
Un triunfo parcial para el gobierno y los próximos pasos
A pesar del revés principal, la administración Trump obtuvo un triunfo menor en el proceso: la jueza coincidió con los abogados del Gobierno en que esta medida no requería someterse a un periodo formal de consulta pública antes de su implementación.
Para defender la prohibición, la defensa del Gobierno citó el fallo de la Corte Suprema de 2018 que avaló la restricción de viaje impuesta por Trump a países de mayoría musulmana durante su primer mandato. No obstante, la jueza Vargas desestimó el paralelo, señalando que aquel caso trataba sobre la potestad presidencial para denegar la entrada al país por seguridad, mientras que este litigio aborda el proceso legal para emitir una visa.
Vargas, quien fue designada para el cargo por el expresidente Joe Biden, dio plazo a ambas partes hasta el 11 de septiembre para presentar propuestas sobre cómo resolver los puntos pendientes del caso. Se prevé que el Departamento de Justicia apele la resolución.